Una digresión inevitable

La calidad inadecuada y el estado obsoleto de los caminos y rutas   pavimentadas, sin dudas, realizan un “generoso”  aporte  negativo para que sucedan aún más accidentes de tránsito.

Los  caminos y rutas, sujetos al pago de un peaje o no, bien podrían ser de  una sola carpeta asfáltica, con dos carriles en cada sentido, colocando  en el centro un divisorio dispuesto en doble guardarrail de acero, con  un metro de ancho en conjunto. Otro modo sería el de construir esa  división con bloques de hormigón premoldeados de dos piezas, dispuestos en forma de V invertida, con un metro de altura  por  un metro de base; luego rellenado con cemento una parte de su interior.  Porque cuando se construye un pavimento para delinear una ruta, entre  asignarle 9 ó 16 metros de ancho a la carpeta asfáltica no habría una  importante diferencia económica en relación a la inversión global; pero  la segunda alternativa nos permite estructurar una autopista, con el  diseño antes explicitado, aunque no haya sobrado plata para hacer, como  corresponde, las banquinas pavimentadas también; en cambio, en la  primera alternativa no. El procedimiento anterior lo emplean, por  ejemplo, en dos categorías de países: los que tienen poca tierra y mucha  plata, que son los de Europa Occidental; y los que tienen mucha tierra y  poca plata, algunos de éstos corresponden a América de Sur.

La  concesión del peaje no debería ser sólo para que las empresas  favorecidas edifiquen las casillas para el cobro, pinten las rayas y  corten el pasto, como obligación; y el efectivo cobro, como derecho. ¿No  sería demasiada  prerrogativa ceder  gratuitamente, salvo alguna brevísima excepción, a un grupo económico la  “infraestructura del negocio” ya construida y pagada por quienes luego  deberán abonar el costo del peaje; y además asegurarle el monopolio de  un mercado cautivo?

Si la respuesta fuera Sí, entonces ¿Por qué no es el Estado quien explote este fructífero negocio? Así, “las ganancias podrían volver al pueblo en obras”, por ejemplo.

Y la  adjudicación del peaje sólo tendría que concretarse cuando el concesionario tome a su cargo la construcción del camino, definido únicamente por autopista; aunque sea del modo más barato posible, con el procedimiento técnico que explicamos en párrafo anterior. Con ello lograríamos lo siguiente:

-Disminuir una enormidad el número y gravedad de los accidentes de tránsito.

-Estaríamos en sintonía con el resto del mundo serio y avanzado, donde sólo en las autopistas se cobra el peaje.

-La equidad económica y social; por la cual quien intente explotar un negocio, primero deberá ganar la licitación y luego invertir en la infraestructura adecuada,  cuyas características técnicas y económicas  figuren insertas en el pliego de condiciones de dicha concesión.

Finalmente, si pensamos en el pueblo ¿Por qué demorar u omitir en establecer reglas apropiadas y, principalmente, en hacerlas cumplir para  mejorar el bien común? A modo de estímulo, ahora intentamos  enfatizar  el deber con la definición del filósofo francés  Jacques Maritain: “El bien común, es el bien de todos los todos que integran el todo social”.